Introducción


Los procesos de democratización en América Latina han contribuido a darle legitimidad al Estado y a que la sociedad civil lo perciba como agente fundamental para el desarrollo sostenible. Este “redescubrimiento” del papel central del Estado en el cambio social ha generado un replanteamiento en la forma como las fundaciones y los programas sociales de las empresas se relacionan con gobiernos e instituciones públicas. Para los programas sociales de las organizaciones empresariales ya no se trata de hacer lo que no hace el Estado o reemplazarlo, sino de colaborar con el Estado, controlar sus ejecuciones o incidir en sus políticas.

Cuando iniciaron sus actividades, varias décadas atrás, un amplio grupo de fundaciones y empresas centró sus esfuerzos en reemplazar al Estado, como forma de garantizar el acceso de servicios para las poblaciones con las cuales trabajaban. Varias fundaciones y empresas construyeron y se encargaron de la gestión de colegios, hospitales o de tratar de resolver directamente los problemas nutricionales de la infancia. Actualmente, la mayor parte del sector empresarial y fundacional reconoce la importancia del Estado para una estrategia de desarrollo sustentable. Por tanto, el papel de estas organizaciones empresariales ya no se plantea como de sustitución o reemplazo del gobierno, sino como de complemento a sus acciones, ya sea:

  • Estableciendo alianzas público privadas
  • Participando en diálogos con los gobiernos
  • Creando diversas formas de veeduría o control ciudadano sobre programas gubernamentales
  • Desarrollando estrategias de incidencia en políticas públicas públicos para que incorporen las demandas ciudadanas y se implementen de la manera más efectiva posible.