Curso

6.2 La legitimidad en los procesos de incidencia

Una condición de gran importancia durante un proceso de incidencia es que a la organización, alianza o coalición, se le reconozca la legitimidad de su acción; es decir, se considere justificado el derecho a ejercer influencia en las diferentes fases de las políticas públicas.

Siguiendo a David Brown se puede decir que la legitimidad se deriva de varias fuentes (Brown, D. et al. 2001: 64-65). A saber:

Da clic en las fuentes para ver su descripción.

Basada en valores morales que pueden tener la suficiente aceptación y fuerza para legitimar la acción de las fundaciones y empresas en el campo de la incidencia. Por ejemplo, los procesos de incidencia y campañas contra el hambre, la violación de derechos humanos, el maltrato infantil, la violencia doméstica, etc., suelen acudir a este tipo de legitimidad.

¿Cuál es el reto en este caso?

Es que los diferentes involucrados y afectados, acepten los términos valorativos en los que se basa la acción política y que entiendan que las fundaciones empresariales y que los programas sociales de las empresas tienen legitimidad apoyando causas relacionados con los valores de las propias empresas.

Se deriva del conocimiento, experiencia, competencia o información que tiene las fundaciones y programas empresariales involucrados en la tarea de incidencia o las entidades que trabajan en alianza con las fundaciones.

¿Quién proporciona esta legitimidad?

Las organizaciones cuya autoridad se basa en la calidad de sus investigaciones, en su capacidad técnica para el desarrollo de programas, en la experiencia en el manejo de información o en la competencia en áreas específicas.

Derivada de la representatividad democrática, la transparencia y el proceso de rendición de cuentas a las "bases" o a los constituyentes por los cuales hablan y actúan.

¿Cuándo se erosiona este tipo de legitimidad ?

Cuando hay poca o nula participación de aquellos por los cuales se está hablando o cuando estos critican la acción de sus supuestos representantes, o por falta de transparencia y claridad en las motivaciones e intereses que están detrás de la acción de las fundaciones y empresas.

Basada en el cumplimiento de normas y expectativas legales, tanto de la propia fundación o empresa (estatutos, misión, programación, etc.), como de las leyes, regulaciones y normas nacionales que rigen el accionar de las fundaciones y empresas y especialmente, los procesos de incidencia.